"Sin evaluación de impacto de género no se aprueba nada".

Opera igual que la evaluación de impacto ambiental a la hora de aprobar o desechar proyectos. La herramienta busca reducir la brecha de género.

Izaskun Moyua, directora del Instituto Vasco de la Mujer y el nuevo parámetro para políticas públicas

Por Antonio Valencia / La Nación

La lucha contra la desigualdad entre hombres y mujeres a través de políticas públicas avanza con pasos decisivos en la Comunidad Europea, y particularmente en Euskadi, País Vasco, donde un nuevo concepto, la evaluación de impacto de género cobra cuerpo a la hora de aprobar o rechazar normas, proyectos e incluso leyes para evitar que éstas generen o aumenten los desequilibrios económicos y sociales entre sexos.

"En Euskadi, sin evaluación de impacto de género (EIG) las normas no se aprueban", afirma taxativa Izaskun Moyua, directora del Instituto Vasco de la Mujer, Emakunde, al referirse a una herramienta legal que, en pocas palabras, opera de modo similar a las evaluaciones de impacto medioambiental, económico y social sobre las comunidades y su entorno que se utilizan en Chile y otros países.

"Dado el avance a nivel gubernamental en el proceso de transversalización de género estamos en condiciones de hacer las normas y las leyes con EIG, pero además con medidas correctoras para disminuir la brecha de desigualdad. No pasa una norma si no cumple esta característica y Emakunde se encarga de hacer esos informes. Eso ha sido un logro muy importante", acota Moyua, aludiendo a la ley que rige desde 2005 y que tiene su origen en la Conferencia Mundial de Pekín 1995 y el Tratado de Ámsterdam de 1997. El instituto vasco y Sernam acaban de suscribir un convenio de ayuda y cooperación.

¿Cómo opera en la práctica la evaluación de impacto de género? Moyua ejemplifica: "Si se va a hacer una ley o un programa de empleo es necesario establecer a quién va destinada esa ayuda, además de establecer qué es lo que se quiere corregir y el objetivo de igualdad entre mujeres y hombres tiene que estar especificado, presupuestado y medido claramente. Es decir, a cuántos hombres impacta, a cuántas mujeres", explica.

Pero no es todo. "Si va a haber un plan sobre trabajo de soldadura dirigido a 800 hombres, porque las mujeres no trabajan ahí, ese mismo plan debe establecer medidas correctoras para, además de favorecer a ese grupo de hombres, hacer una acción específica de discriminación positiva para que las mujeres puedan prepararse en este tipo de trabajos que, en definitiva, son los que tienen salida laboral, y para eso además se debe hacer un programa de sensibilización para que las mujeres se inscriban en un programa especial de formación para ser soldadoras", concluye la directora de Emakunde.