1° de mayo: Por una política de los trabajadores y trabajadoras independiente de toda variante patronal

Los derechos y necesidades de la clase trabajadora se suman y se van poniendo sobre la mesa.
El drama de la subcontratación, impuesta por la clase patronal para aumentar sus ganancias sobreexplotando al trabajador, emerge nuevamente con la lucha de los trabajadores subcontratistas de Codelco, que demandan el cumplimiento de los acuerdos con Codelco.

Se acerca la discusión del salario mínimo, y nuevamente salen los "expertos" con sus análisis para demostrar que ellos pueden vivir con varios millones al mes, pero una gran parte de los trabajadores se deben contentar con $150.000 porque según dicen si se aumentara más, la economía no podría funcionar.

El golpe propinado por la patronal salmonera en la huelga de Aguas Claras a sus valientes trabajadores huelguistas, demostró la necesidad de recuperar el derecho efectivo a huelga, la negociación por rama, y fortalecer a los sindicatos y todas las organizaciones de los trabajadores.
Y con estos derechos y necesidades, aparecen demandas del conjunto del pueblo trabajador, explotado y oprimido.

Se afecta a las mujeres explotadas y oprimidas, con la autoritaria y medieval decisión de prohibir la píldora del día después para las mujeres pobres y del pueblo (pues se prohíbe su distribución gratuita en los hospitales, mientras se seguirá vendiendo en las farmacias para aquellas que puedan pagarlas).

Se afecta a la juventud estudiantil con una educación convertida en mercancía, con leyes que regulan el negocio, como la reciente LGE, pero perjudican al estudiante, con títulos que nada valen, aprendiendo en malas condiciones, afectando su futuro.

Se ataca a la juventud explotada y oprimida, que es reprimida en sus poblaciones, en las calles, en sus movilizaciones, estigmatizado como delincuente por el sólo hecho de ser joven.

Se afecta al conjunto del pueblo trabajador descargando la reaparición de la inflación sobre los hombros de los trabajadores, con aumentos de los precios de los productos básicos cercanos al 30%. También con una desocupación persistente y que amenaza con aumentar con los despidos de las empresas, como las cerámicas y forestales, ante sus problemas financieros, mientras se embolsan millonarias ganancias en las épocas de vacas gordas (que no se han terminado aún). Mientras las empresas cierran y despiden, el cobre se entregó a las empresas privadas, nacionales y extranjeras, y las ganancias de Codelco se invierten en el exterior en el sistema financiero. Sí, como gran parte de nuestros fondos de pensiones en manos de voraces empresas.

Todo consagrado por una Constitución y un sistema de partidos binominal en el que la derecha, hija de la dictadura que los diseñó, junto con la Concertación, administran los intereses de sus jefes los patrones.

Y así, derecha y Concertación, administradores de esta democracia para ricos de las Bachelet y Alvear, los Piñera y Longueira, son los responsables de la subcontratación, el no derecho efectivo a huelga, el debilitamiento de los sindicatos, la salud para pobre y para ricos, la degradación de la educación también dividida en una para pobres y otra para ricos, la represión y criminalización, la inflación pagada por el pueblo trabajador, la entrega del cobre, la persistencia de la Constitución y el binominal de Pinochet.

¿Es posible entonces dar un paso en la defensa de nuestros derechos e intereses de la mano de los políticos patronales de la derecha y de la Concertación?

Parece claro que no es posible.

Pero la CUT, codirigida por el PS de Arturo Martínez y el PC, han propuesto que este 1° de mayo, sea convocado junto con el Parlamento Político y Social, que está integrado por la CUT, dirigentes y parlamentarios de la Concertación (incluso algunos de la derecha), y el PC y el Juntos Podemos.

Ante ésto, algunas organizaciones vienen hablando de un 1° de mayo clasista, con acto propio y aparte. En los hechos, es una política que regala la CUT, es una política que termina en una convivencia con los actuales dirigentes del diálogo social y el acuerdo en el Parlamento Político y Social llevando a los trabajadores detrás de sus propios verdugos.

Hace falta una alternativa tanto a quienes tienen un lenguaje más fogoso pero terminan conviviendo, como a los dirigentes de la colaboración de clases llevando a los trabajadores con el Parlamento Político y Social detrás de la Concertación, que gobierna con la derecha.

Hace falta una política de clase de los trabajadores, independiente de toda variante patronal.



A fortalecer a la clase trabajadora y sus organizaciones. Por cuerpos de delegados por sección o área de trabajo en cada empresa como base de la organización sindical.

Por el derecho efectivo a huelga. Por negociación por rama.

Fin de la subcontratación.

Por un salario mínimo de $350.000 ajustable automáticamente por inflación.

A igual trabajo, iguales salarios y derechos. Por un tarifado Unico por Oficio en cada rama de trabajo.

Trabajo estable para todos.

Basta de política antiobrera y antipopular. Por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, basada en la movilización de la clase trabajadora y el pueblo pobre

Por un partido de trabajadores revolucionario.

Derechos humanos, aborto e hipocresía.

Ponencia de Eloísa Huaiquilaf en el Foro sobre Derechos Reproductivos (UMCE).

El pasado día 4 de abril el Tribunal Constitucional dio a conocer un comunicado en el cual expone - a grandes rasgos- la acogida parcial de un requerimiento presentado por 36 diputados de derecha, en contra del Decreto Supremo Nº 48/2007 del Ministerio de Salud, que aprueba las “Normas Nacionales Sobre Regulación de la Fertilidad”.

Este comunicado, expone lo esencial de la votación realizada el 28 de marzo del 2008 en dicho tribunal, y cuyo fallo está en redacción.

El requerimiento, encarnando lo más autoritario y recalcitrante de la derecha, pretendía que se declarara inconstitucional el punto 4.1.1 de la Sección C de las aludidas normas sobre fertilidad, que hace referencia a los denominados “Dispositivos Intrauterinos” (DIU); lo cual fue “desestimado” o no acogido. Por lo tanto, estos seguirán considerándose constitucionales y aplicables.

También buscaba declarar inconstitucionales las normas sobre confidencialidad en la orientación y consejería a menores de edad, acerca del uso de métodos de regulación de la fertilidad. Tal punto tampoco fue acogido.

Sin embargo, si se acogió el requerimiento para que se declare la inconstitucionalidad del punto 3.3. de la Sección C de las mismas normas, que ordenan al sistema público de salud aconsejar y distribuir los métodos de “Anticoncepción Hormonal de Emergencia”, conocidos genéricamente como “píldora del día después”. Por lo tanto, este método no podría seguirse distribuyendo en los organismos de servicio público de salud.

Según datos que maneja Amnistía internacional, el componente Levonogestrel lo poseen el 100% de los anticonceptivos entregados por el sector público y 40% del sector privado.

Claramente, la acogida de esta medida se convertirá en un problema adicional a las ya fracasadas políticas públicas de salud reproductiva, pero lo más grave, será una nueva violación de los derechos sexuales y reproductivos de 3 millones de mujeres entre 15 y 49 años que utilizan alguno de estos métodos de prevención del embarazo, (según datos del INE -instituto nacional de estadísticas- y la CEPAL); afectando exclusivamente a las mujeres más pobres, que son quienes acceden a dichos métodos -a través del sistema público de salud. Pues recordemos, la acogida de este requerimiento no prohíbe la comercialización de estos, sino solo su repartición en organismos de salud públicos, como parte de las “Normas Nacionales Sobre Regulación de la Fertilidad” que habrían incluido jurídicamente la repartición gratuita de dicho método.

No solo se violan los derechos humanos de las mujeres, acogidos en diversos tratados internacionales, que apuntan a resguardar los derechos sexuales y reproductivos, sino también el derecho a la no discriminación por estatus socioeconómico, según lo anteriormente expuesto

La Conferencia Mundial sobre población y desarrollo en El Cairo, realizada en 1994, acordó definir la salud reproductiva como: “un estado general de bienestar físico, mental y social, y no de mera ausencia de enfermedades y dolencias, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos” (…) “la salud reproductiva entraña la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, así como de procrear, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuando y con qué frecuencia. El hombre y la mujer tienen derecho de obtener información y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables, así como el derecho a recibir servicios adecuados de atención de salud que permitan los embarazos y los partos sin riesgos”.

La mujer que, privada de su derecho a acceder a información adecuada acerca de los métodos anticonceptivos, al acceso efectivo y oportuno a estos métodos; está viendo violados sus derechos reproductivos, reconocidos a nivel internacional; lo cual probablemente derive en un embarazo no deseado –privándola del mencionado bienestar físico, mental y social relacionados con el proceso reproductivo, del derecho a decidir si procrear o no, cuando y cuantas veces-. Peor a un, si se viese obligada por condiciones sociales y económicas a abortar, no tiene derecho a hacerlo sin riesgo; cuestión que -aunque tampoco sea su derecho-, podrá una mujer rica obtener en una clínica privada pagando por ello, mientas una mujer pobre sufrirá complicaciones de un aborto insalubre, mal hecho, clandestino y riesgoso para su integridad física.


ABORTO Y PENALIZACION

Chile, al prohibir el aborto en cualquier circunstancia y sin excepción alguna, (del Art. 342 al 345 del Código Penal) viola a todas luces los tratados suscritos de derecho internacional, pues si quiera el aborto terapéutico está permitido. Si una gestación inevitablemente comprometerá la salud de la madre y del feto, cuestión que la ciencia médica ya puede determinar por medio de su progreso tecnológico, aun así no podrá interrumpirse, pues el derecho penal chileno condena a no poder intervenir el embarazo, condena a la madre a morir, y por ende también, al que está en gestación, sin poder acceder al procedimiento médico de aborto para salvar la vida de la mujer. Sin respeto al derecho a la salud, a la integridad física, ni a la vida.

Cabe mencionar que las hipótesis de penalización del aborto que recoge el Código penal chileno, fueron tomadas del Código penal español de 1850, las cuales se encuentran completamente desechadas en el país de origen. El título VII del Cod penal que sanciona, entre otros tópicos, el aborto, se denomina: CRÍMENES Y DELITOS CONTRA EL ORDEN DE LAS FAMILIAS, CONTRA LA MORALIDAD PÚBLICA Y CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL. Se considera uno de los ordenamientos más restrictivos del mundo.

Las penas que se asignan por concepto de autor, cómplice o encubridor de un aborto, y que variaran según se determine el grado de participación y comisión de este, van de 541 días a 5 años de cárcel.

Según datos extraídos de la investigación realizada por el Foro Red de Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos, un importante porcentaje de los casos de mujeres denunciadas por aborto no recibió defensa legal alguna, en promedio solo un 38% del total de mujeres en proceso recibió defensa legal y un 60% no tuvo en su proceso ningún tipo de intervención de un profesional, cabe destacar que esta situación transgrede la garantía constitucional del derecho a defensa judicial.

Finalmente, quisiéramos abrir una reflexión acerca de la penalización del aborto en Chile, en relación a la realidad que se pretende ocultar y/o criminalizar.

El 35% del total de embarazos en Chile terminan en aborto, es decir, más de un tercio de los embarazos en mujeres de 15 a 49 años, -según datos extraídos del Proyecto de Ley Marco sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (Santiago de Chile, 2000)-

Abortos que condenan a la clandestinidad a todas las mujeres que pretenden ejercer el derecho a decidir sobre sus cuerpos, pero que más gravemente condenan a las mujeres e hijas de la clase trabajadora y a las mujeres pobres en general, a poner en riesgo sus vidas para poder decidir si tener hijos o no, practicándose abortos insalubres que causan secuelas graves en su salud o inclusive acarrean la muerte.

Sin embargo, los discursos “pro-vida” - pretenden imponer una moral a todas las mujeres, de respeto irrestricto a “la vida que está por nacer” (que más bien es la existencia de un feto en gestación, y al cual le queda un largo proceso biológico para poder ser considerado un feto viable y con posibilidades de nacimiento; no siendo estrictamente una “vida”).

Coincidentemente, la actual regulación penal chilena considera a la mujer y el valor de su vida como un bien jurídico, subordinado al feto en gestación.

Este criterio es tomado por la Constitución de 1980, en el Artículo sobre las Garantías y Derechos de las Personas, donde se garantiza la protección de “la vida del que está por nacer”, separando esta vida de quien la concibe y de su libertad para decidir respecto del embarazo.

Así, finalmente quienes se declaran respetuosos de la vida y acogen la “defensa de la vida del que esta por nacer”, han condenado a las mujeres que pretenden ejercer el derecho humano a decidir sobre su reproducción -especialmente a las más pobres- al riesgo de morir en abortos clandestinos. Son responsables de un tercio de las muertes maternas, atribuidas a abortos mal realizados o que derivan en complicaciones.

Estos, no podrán hacerse cargo de las vidas que no defienden: las vidas de cada mujer que aborta y muere en clandestinidad.

Otros deciden por nuestros cuerpos y vidas. Por derechos reproductivos gratuitos, libres y de calidad.




Desde el año pasado, la derecha y la iglesia, han estado posicionándose en el caso de la "píldora del día después", con un recurso en contra de esta medida que la Concertación impulsó como respuesta al embarazo adolescente. Pero han ido más allá y una vez más pasaron a llevar nuestros derechos reproductivos y se han autoproclamado dueños y señores de nuestros cuerpos y destinos, rechazando el derecho a:

• T de Cobre

• Píldoras Anticonceptivas de Emergencia que contengan levonorgestrel (pastilla del día después)

• Píldoras combinadas (anticonceptivos normales) que contengan levonorgestrel y un estrógeno (todas las pastillas que dan en los consultorios)

•Servicios de anticoncepción y consejería a jóvenes mayores de 14 años sin consentimiento de sus padres/madres.

El fallo del Tribunal Constitucional finalmente determinó en los días 2 y 3 de Abril, (de 5 votos contra 4) prohibir:

• Píldoras Anticonceptivas de Emergencia que contengan levonorgestrel (pastilla del día después)

• Píldoras combinadas (anticonceptivos normales) que contengan levonorgestrel y un estrógeno (todas las pastillas que dan en los consultorios)

Esto no es nada nuevo, porque la derecha y la iglesia cada vez que se ha abierto el debate, lo llevan a los marcos valóricos y morales, que esconden su verdadera posición. Ya que cada vez que surge la discusión plantean que prácticamente todos los anticonceptivos son abortivos, imponiendo su visión ideológica. Si la iglesia pretende mostrarse a favor de la vida, sólo protegen una sociedad que necesita seguir generando personas, nuevas generaciones de mano de obra, porque las que no tenemos las condiciones económicas para criar un hijo, ni siquiera podemos pensar en tener una vida decente con los sueldos de hambre y los pocos derechos que tenemos, como para además estar obligadas a cargar con hijos si no queremos o no podemos. Lo que hacen es anteponer la vida de otro ser humano, por sobre las condiciones de vida de nosotras las mujeres, que somos las últimas en poder decidir sobre nuestros cuerpos y vidas y si lo hacemos a favor del aborto, somos condenadas.

Cuando hablamos de derechos reproductivos, se trata de derechos que han sido conquistados por las mujeres años atrás, con luchas, ascenso de las masas, cambios sociales y culturales. El debate valórico pretende darle espacio a que la derecha y la iglesia impongan una visión que argumentan diciendo que los anticonceptivos impiden la implantación del óvulo en el útero, pero si es así, podrían estar contra cualquier método. Son muchas las adolescentes que quedan embarazadas por no haber podido optar, teniendo que cargar quieran o no con un hijo que les cambiará la vida. Pero la realidad de las mujeres se ve cruzada por la necesidad de optar, por lo que muchas deciden abortar, por muchas causas, económicas o por no querer tener hijos simplemente. ¡Hoy ocurren en el país entre 160.000 y 200.000 abortos al año, aun cuando el aborto es ilegal; mañana, con el reciente fallo, ocurririán el doble de abortos y tendríamos el doble de mujeres MUERTAS por abortos clandestinos!

Es por esto que no se puede tapar con un dedo una realidad que la ley contra el aborto o la posición de la derecha y la iglesia por limitar nuestras opciones intentan tapar. Por otra parte es una discusión que tiene carácter de clase, porque es sabido que las mujeres que tienen el dinero para pagar un aborto en una clínica privada acceden a él sin quedar con secuelas, mientras las que no tienen el dinero, las pobres y las trabajadoras, no tenemos opción y hay, además, cárcel y castigo para las que son denunciadas a la justicia. Tampoco la Concertación puede dar una solución hasta el final, porque si bien es la derecha y la iglesia las que han impuesto su postura conservadora, el gobierno de Bachelet ha prometido la pastilla del día después como una medida que se deja a la decisión de cada municipalidad su entrega, además de que no es gratuita. Entonces si bien la Concertación defiende los anticonceptivos, no le da una lucha política a la derecha hasta el final y se queda en medidas que hasta hoy han sido soluciones parches. Esto porque no ha dado grandes soluciones a la realidad del aborto en este país, donde tenemos una de las leyes más restrictivas que deja a mujeres en la cárcel, con complicaciones, muertes de mujeres por aborto clandestino por no tener dinero para pagar un aborto decente, como lo hacen las mujeres acomodadas. Simplemente deciden otros por nuestros cuerpos y vidas, mientras la derecha es conservadora, la concertación más democrática no da soluciones hasta el final. No se trata entonces sólo de defender las pastillas y métodos anticonceptivos y de que estos no sean abortivos, sino que debemos luchar por condiciones y derechos reproductivos de calidad, gratuitos y libres.

Frente a esto, desde Género y Clase, luchamos por:

¡El derecho a anticonceptivos y ABORTO: libres, gratuitos y de calidad!

¡Por educación sexual para todos y todas!

¡Por el derecho a la maternidad libre y derechos de posnatal!

¡Por jardines infantiles gratuitos e irrestrictos para madres trabajadoras y estudiantes!

www.clasecontraclase.cl
www.armasdelacritica.cl
http://claseygenero.blogspot.com