Procesadas por abortar: La decisión más difícil

Fuente: La Tercera

Chile exhibe una de las leyes contra el aborto más restrictivas del mundo, pero una nueva generación de operadores de la justicia, y también de la salud, mitiga hoy su impacto en la vida de las mujeres. Aunque en la ilegalidad las historias de un aborto tienen la misma sordidez de antaño, y recrudecen cuando la ley cae encima.

Por: Pía Rajevic

"¿La denunciamos o no?". "Es tan joven, para qué la vas a perjudicar". "Avisemos a Carabineros, porque se nos puede morir". De ese tenor era el intercambio de pareceres que oyó Rosario, aterrada, entre quienes la estaban atendiendo, mientras se debatía entre la vida y la muerte en el quirófano de un hospital, por las complicaciones de un aborto inducido que se había hecho la noche anterior.

Algo parecido le sucedió a Silvana. Como estaba inconsciente producto del shock séptico con que llegó al hospital a causa de un aborto que le practicó un conocido paramédico de su barrio, los médicos se acercaron a sus familiares a darles explicaciones sobre por qué la iban a tener que denunciar: al correr peligro de muerte no podían hacer la vista gorda, como solían actuar en otros casos, señalaron.

Rosario y Silvana acaban de ser formalizadas judicialmente por el delito de aborto consentido por la Fiscalía Metropolitana Sur, luego de la denuncia hecha por el personal de salud que las atendió en urgencias. Sus casos corresponden a ese cada vez menor porcentaje de mujeres a quienes el aborto que se han provocado no culmina con "éxito", poniendo en riesgo sus vidas. Una situación que conmina al personal de salud a informar a la justicia ante la posibilidad real de muerte.

Es tendencia notoria, no obstante, evitar cada vez más la denuncia a la que la ley obliga. Así, mientras en el sistema público de salud hubo 21.794 egresos hospitalarios por aborto en 2005, y se estima que alrededor del 30% de estos correspondería a abortos inducidos, éste sólo llevó a la justicia, denunciándolos, un total de 44 casos, de acuerdo al número de procesos que registra en ese período la Defensoría Penal Pública.

"Cuando hay riesgo de vida para la paciente, en general, se constata este hecho ante la justicia", dice el doctor Cristián Miranda, jefe de Ginecología y Obstetricia del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Explica la delicada situación en que se encuentran los médicos y el personal de salud ante la ilegalidad del aborto. "No es fácil conocer las causas por las que una mujer aborta, pues por lo general aquella que se lo provoca oculta el dato, al saber que es ilegal. Pero nuestro objetivo no es denunciar, sino atender al enfermo. A nosotros lo que nos interesa es la salud de la mujer. Recuperar y salvarle la vida a aquella que llega con una fuerte hemorragia o infección provocada por un aborto. Por eso, no hacemos interrogatorios apremiantes, tal como ha sido la escuela de nuestros maestros. Nos enfrentamos al dilema de las exigencias de la justicia frente a hechos que caen dentro del secreto médico".

El doctor Marcos Clavero, subdirector de Ginecología y Obstetricia del Hospital San José, señala que anualmente ahí se atienden 1.200 casos de aborto, lo que representa un 10% en relación a los partos que se realizan en el mismo período. El 70% de estos abortos provendrían de embarazos con una conducta de cuidado previo, sin evidencias de intervenciones para abortar; el resto serían provocados. "Contamos con poca información objetiva de maniobras abortivas, salvo que la paciente nos confiese que se hizo algo o que llegue con avanzado estado de infección o, como nos ha sucedido, que venga con la placenta y el cordón en el cuerpo, y sin el feto. Esos casos tenemos que informarlos a la Fiscalía, pero no son más de tres o cuatro al año", comenta. En el hospital San José es de rigor ante un caso de aborto preguntar a las pacientes si se han hecho alguna acción externa. "Si no proporcionan información, se procede a atenderlas como una urgencia más, y punto".

Relata Clavero que desde hace un par de años la presencia de la justicia sólo se concreta en el hospital mediante una persona que viene de la Fiscalía a confirmar la denuncia, quedando citadas las pacientes al tribunal. "Antes eran detenidas y llevadas por carabineros. Tener un carabinero o un gendarme metido dentro de un hospital es una distorsión absoluta e impactante. Nos sentíamos muy mal, no sólo por la paciente acusada, sino porque la maternidad es un lugar donde la gente viene casi siempre por razones alegres".

Como sea, el tema genera grandes contradicciones en los servicios hospitalarios. De un estudio de Aprofa (Asociación Chilena de Protección de la Familia) de este año, sobre una población de 1.200 mujeres que abortaron, se desprende que el personal de salud "está marcado sólo por la intención de no involucrarse en conflictos". Por esta razón, esa institución ha iniciado un trabajo de investigación sobre los conocimientos, actitudes y prácticas en los hospitales en relación al aborto. Parecen necesarias. No es raro que muchas de las imputadas relaten tratos intimidatorios o fustigadores, aunque aislados, de alguna de las personas que las atendieron. Incluso hay casos en que se les ha privado de la atención hasta que cuenten "lo que se hicieron". Frases como "después de lo que hizo, que se aguante el dolor", "que sufra las consecuencias, se lo tiene merecido", han escuchado algunas pacientes de médicos, matronas y enfermeras. Incluso se dio en una clínica privada de Concepción, el año pasado, el único caso de denuncia que se conoce de una mujer de estratos socioeconómico acomodado que se conozca en los últimos años, por parte de una enfermera que habría actuado por razones ideológicas.

Pero, aunque conmocionadas por la posible penalización de sus actos, la situación que enfrentan las denunciadas por aborto a nivel hospitalario es hoy bien distinta de la que vivían hace sólo tres años aquellas que eran acusadas por la misma causa. La imagen de la mujer que acaba de abortar y es engrillada por ese delito a un catre de hospital está en retirada. La abogada Lidia Casas, quien ha realizado varios estudios sobre el aborto en Chile, explica que bajo el antiguo sistema procesal muchas causas terminaban sobreseídas por falta de antecedentes, porque no es fácil comprobar que hubo aborto, salvo que la mujer hubiera llegado con lesiones en la zona. Pero esas mujeres, no obstante fueran sobreseídas, tendían a pasar un período en prisión preventiva hasta que les dieran la libertad bajo fianza. "Se funcionaba con el criterio del juez de pasarles la cuenta antes, sabiendo que las posibilidades de condena para muchas eran escasas. Era un castigo encubierto, que se daba como un adelanto de pena", aclara.

En uno de sus estudios, titulado Encarceladas, en el que analiza los efectos de las leyes contra el aborto a la luz de los derechos humanos, muestra cómo el 52% de las mujeres hasta 1991 sufría prisión preventiva (la que solía comenzar en el mismo hospital donde era denunciada) de uno a 120 días. Aunque luego, una vez condenadas a prisión, las penas siempre les fueran conmutadas por otras obligaciones.

La abogada profundiza en el perfil de la mujer que aborta y es sometida a proceso: se trata fundamentalmente de mujeres que ya han sido madres, entre los 18 y los 41 años de edad y que viven en la pobreza. ¿La razón? Quienes tienen escasos recursos se ven sometidas a mayores condiciones de insalubridad en la inducción de un aborto y, por lo tanto, a mayor riesgo vital y posibilidades de ser denunciadas. Son aquellas que llegan graves a los hospitales, que es donde suelen iniciarse la mayoría de los procesos legales por aborto. Y las mismas que continúan sometiéndose actualmente a los métodos de más alto riesgo para abortar: 61% usó sonda; 8% tallos; 8% raspaje; 6% lavado; 5% palillos o alambre, de acuerdo al estudio de Casas. Mientras en los sectores medios y altos se acude a técnicas seguras, como la aspiración del feto y el uso bien administrado de misoprostol, medicamento para la úlcera que introducido intravaginalmente provoca la expulsión del feto. Se trata de un derivado de la prostaglandina, componente que utilizado en determinadas dosis localmente induce el aborto en 24 horas. Actualmente es ofrecido profusamente en Internet, a precios desde 7 mil pesos la pastilla. Pero asimismo es usado en clínicas y hospitales para inducir abortos retenidos.

"Con 120 mil pesos al mes no podíamos mantener más hijos" Rosario, 21 años, convive con Juan desde hace cuatro años, una hija de tres años Actividad actual: vendedora Localidad: Curacaví Formalizada por aborto consentido "Era normal que me atrasara con la regla, por eso no le di importancia hasta los tres meses, cuando empecé a engordar y un día sentí que se me movía algo adentro. Compré un test de embarazo. Salió positivo. Se me vino el mundo encima. Aunque con mi pareja deseábamos un segundo hijo, no era el momento porque estábamos muy mal económicamente y en esos días se venía a vivir con nosotros mi suegra y mis dos cuñadas. Sólo tenemos dos piezas, aparte de esta cocinita y el living, cómo nos íbamos a meter todos juntos con una bebé recién nacido. Yo no trabajaba, porque tenía que cuidar a nuestra hija que tenía dos años. Mi marido es obrero, sólo teníamos 120 mil pesos para vivir. No nos alcanzaba para darle a otro hijo. Era septiembre de 2005. Lo conversamos y decidimos buscar ayuda para abortar. Al día siguiente ubicamos a una señora que hacía abortos. Me dijo que los realizaba con unas pastillas, por 50 mil pesos. Conseguirnos la plata. Me dio las pastillas y me dijo que me las introdujera y después me tomara una para botar todo, que me quedara quieta toda la noche, que en la mañana caminara. Al despertarme sentí dolores y boté como una pelota. Pasaron dos meses y me seguía creciendo la guata y siento que se me mueve algo adentro. Me hice otro test de embarazo y me sale de nuevo positivo. Fui a donde la señora y me dijo que a lo mejor eran dos fetos. Me dio más pastillas sin cobrarme. Ya tenía cinco meses. Hice lo mismo que había hecho antes. En la madrugada me vinieron dolores fuertes. Iba al baño y no botaba nada. En la tarde me sentía muy mal, tenia fiebre. Mis cuñadas me llevaron a urgencia. Tenía síntomas de pérdida. ¿Te hiciste algo?, me preguntaron. Yo lo negué. Me mandaron a Santiago. Allí me revisaron y me encontraron restos de pastillas adentro. La matrona me dijo: te hiciste un aborto. Estuve un día con suero y tuve que expulsar el feto como si fuera un parto. Ahí hablaban de que me tenían que denunciar. La matrona insistía, porque yo estaba grave y tenían que dar explicaciones si me moría. Al final hizo la denuncia. La guagüita ya estaba formada. Me impresiónó mucho. Me dijeron que estaba viva, me la pusieron encima, y me preguntaron qué iba a hacer con ella. Me dio pena. Se la llevaron, en verdad estaba muerta, nunca más la vi. Me hicieron un raspaje, estaba grave. Me fueron a ver de la Fiscalía. Yo conté todo. Me dijeron que al salir del hospital me iban a citar. He ido siempre, cumpliendo con todo. De la Defensoría me llamaron hace poco para contarme que intentaban que mi caso se cierre por las razones que me llevaron a actuar así".