Editorial
El año 2007, las cosas no cambiaron mucho para las mujeres ni para los oprimidos y trabajadores. La presidenta Bachelet, su gobierno y la derecha, incluso han podido cerrar los procesos como la lucha secundaria del 2006 con un desvío y con acuerdos en que se avala el lucro de la educación, o la huelga de Codelco de los trabajadores contratistas del pasado año, que concluyó con una discusión en el Parlamento y la mesa de Equidad, donde la Concertación y la derecha terminaron resolviendo a favor de los empresarios las demandas de los trabajadores y derivando la discusión acerca de la ley de Subcontratación al sistema judicial, mientras se resuelve sobre las posturas de Codelco de internalizar a 1000 trabajadores o la de la CTC, de internalizar 5000 (Coordinadora de trabajadores Contratistas). Sin embargo los trabajadores contratistas lograron instalar, aunque en discusiones en las alturas, nacionalmente el problema del salario y la situación de vida de los trabajadores que denominamos la emergencia de una Cuestión Obrera, presente hoy en toda discusión a nivel nacional. Además de esto, la situación nacional se caracteriza por el desgaste de los partidos patronales y de la Concertación, no sólo de roces en las alturas de los partidos, sino que también las crisis políticas como la de la DC, lo que empieza a cambiar el escenario y la forma de hacer política que tienen los partidos del régimen, para seguir posando de "amigos del pueblo". Otros hechos que marcaron el año, es que fueron asesinados dos luchadores por sus derechos, Rodrigo Cisternas, trabajador forestal que luchaba por el aumento del miserable salario de 40.000 pesos, el cual fue asesinado en medio de una balacera en que Carabineros arremetió contra los trabajadores, y aunque la huelga fue triunfante, quedó impune el culpable, pues no se presentó culpables en el informe de la investigación. Ahora último, fue asesinado el estudiante universitario mapuche Matías Catrileo, también por manos de Carabineros, durante la lucha de los mapuches en una toma de terreno y como es de esperar, el gobierno dejará impune al culpable como ya se hizo con el asesino de Alex Lemun.
El movimiento de mujeres por su parte está generalmente desactivado. Aun persiste una confianza en el gobierno de Bachelet, ya que prometió que por ser mujer gobernaría para los oprimidos y mujeres, sin embargo, hemos visto en varias ocasiones, como en los hechos ya nombrados, que se demuestra lo que desde un principio hemos dicho en nuestras páginas, que gobernaría para los empresarios. Se ha demostrado ya con el acuerdo del lucro de la educación que mantiene los pilares de la LOCE, es decir, la educación de mercado heredada de la dictadura o con el abuso del Transantiago. El Consejo de Equidad también se montó sobre las demandas de los trabajadores, anteponiéndose la Iglesia, al llamar a un pacto social para prevenir que los trabajadores tomen sus demandas en sus manos, llevando la discusión al Parlamento preventivamente, allanando el camino para cerrar los procesos huelguísticos, y poder luego, pasar las políticas de precarización con leves reformas con las que no queda nadie conforme.
El gobierno se encargó de tomar la iniciativa respecto al problema del femicidio. Ante los dramáticos casos de mujeres asesinadas impunemente, no podía hacer vista gorda, por lo que tuvo que dar cuenta de la muerte de 62 mujeres asesinadas por sus parejas este 2007, por el hecho de ser mujeres. Cifra que no difiere mucho del año 2006 en que fueron asesinadas 70 mujeres. Es así como el Sernam, continuando la política del 2006, se puso a la cabeza de algunas consignas como "No más violencia contra la mujer" y tomó medidas como la creación de casas de acogida (levantada primero por organizaciones feministas), la tipificación de femicidio como figura legal, frente al funcionamiento de los tribunales de familia, entre otras reformas a las que se les dio urgencia en el Parlamento. Se le ha dado mayor énfasis al problema de la violencia contra la mujer, pero ya lo venían denunciando los grupos feministas. Sin embargo, este problema es inherente a la sociedad de clases, basada en la explotación de miles de trabajadores, la opresión de mujeres, la discriminación de mapuches e inmigrantes. Es por eso, que la solución no se trata de un simple cambio cultural como lo quieren pensar algunos, sino que además, de cuestionar y acabar con las raíces del sistema capitalista. Si bien la situación de la mujer ha cambiado a su favor, no podemos creer que sólo con cambios culturales se pueda acabar hasta el final con la violencia, la discriminación y el abuso contra la mujer. Porque ese cambio cultural, debe ir de la mano de un cuestionamiento de fondo del sistema capitalista y esta democracia para ricos, y debe ser un cambio realizado por las mujeres trabajadoras y pobres, cuestionando y enfrentando a la Concertación, a la derecha y la iglesia, para conquistar reformas que permitan avanzar en nuestras demandas y derechos.
Un estudio presentado por ComunidadMujer, Datavoz y la OIT, deja ver que por ejemplo en Santiago, las trabajadoras que tiene contrato laboral son el 64% del total de mujeres que trabajan, mientras los trabajadores contratados son el 80%. A la vez, el 72% de los trabajadores cotiza, mientras sólo el 55% de las trabajadoras lo hace. Esto muestra en cifras, la desigualdad de género que existe entre trabajadores y trabajadoras en términos laborales, pero para luchar por nuestros derechos y terminar con esta situación, debemos aliarnos con nuestros compañeros de clase. Aunque sea verdad lo que la misma presidenta de ComunidadMujer, Esperanza Cueto dice, al plantear que "los datos que hoy hemos entregado confirman la gran desigualdad de estas mujeres en relación a los hombres y, también, con las mujeres de mayores ingresos", sin embargo, ella propone que pongamos confianza en el Consejo de Equidad, donde sólo hay políticos patronales que deciden a favor de los empresarios, dando concesiones que prevengan que tomemos las luchas por nuestras manos.
Las mujeres pobres y trabajadoras sabemos que la situación de vida de las empresarias, adineradas e incluso profesionales es muy distinta a la que vivimos diariamente. Los sueldos de hambre para sostener una familia, el trabajo precario, la sobrecarga laboral en la casa y el trabajo, la brecha salarial, que llega al 30% respecto del salario de los trabajadores o incluso más. A esto se le suman los problemas que vivimos de doble jornada y las tareas que cargamos por el hecho de ser mujeres, como el trabajo doméstico y las miserias de la sociedad que se viven en los hogares, como el constante peligro de ser agredidas y abusadas. Esta situación como trabajadoras y pobres, no la viven las mujeres adineradas y de posición social privilegiada, a las que representa Bachelet y las mujeres políticas del Parlamento como las de la derecha UDI y RN, porque ellas están para gobernar y legislar a favor de los empresarios, no defienden nuestros derechos de mujeres ni de trabajadoras y posan de "amigas del pueblo" frente al pueblo pobre y trabajador, para poder seguir gobernando a favor de ellos. El problema del aborto es categórico, la derecha y la Iglesia han salido a defender supuestamente la vida, posicionándose no sólo contra el aborto, sino contra la "pastilla del día después" e incluso contra los métodos anticonceptivos usados por años por las mujeres pobres y trabajadoras, que no tienen una mejor opción, como el dispositivo intrauterino T. La Concertación por su parte, posa de izquierda, planteando la "pastilla del día después" como una política progresista, cuando no se encuentra prácticamente en ninguna farmacia y no evita los abortos y embarazos no deseados.
Mientras el aborto es ilegal, miles de abortos se producen al año, unos 160 mil, y esto ocurre porque no hay métodos anticonceptivos de calidad y gratuitos ni educación para las mujeres, mientras hay una serie de razones para no querer o no poder tener un hijo. Pero las mujeres pobres y trabajadoras, que no pueden pagar un aborto seguro como si pueden hacerlo las hijas de empresarios y las adineradas, porque no tienen como éstas últimas los medios económicos para hacerlo, tienen que recurrir a métodos clandestinos para abortar, de muy mala calidad y peligrosos, que deja horribles secuelas, mientras además, otras incluso son condenadas judicialmente o mueren por la infección. Frente a esto, la medida de la Concertación no soluciona la difícil situación de las mujeres que no pueden acceder a un sistema de calidad que les permita optar a anticonceptivos o el derecho a abortar con seguridad. Pues lo que hay es sólo la ilegalidad que privilegia a las que tienen el dinero para pagar estos derechos y terminan la Iglesia y los políticos patronales de la Concertación y la derecha, decidiendo sobre nuestros cuerpos y destinos, mientras quieren hacernos creer que defienden la vida.
En temas valóricos, hay un retroceso, apoyado en la coyuntura reaccionaria, lo cual ha sido aprovechado por la Iglesia y la derecha para hacer campañas contra el aborto. Hace unos meses, se realizó el Concierto contra el Aborto, organizado por "Mirada más Humana", dirigida por la UDI. Es así como unas 3000 personas asistieron a este concierto, en el que para sorpresa de muchos, tocaron bandas como "Inti- Illimani", que se supone que son de izquierda, grupo que después sin asco confirmó su postura anti aborto, una postura conservadora y machista. La Concertación no se opuso y es clara su oposición al aborto, pues ya lo ha dicho antes Bachelet, que las medidas de su gobierno no son abortivas, y sólo sirven para prevenir embarazos sin llegar a los abortos, pero estamos seguros que ni eso se ha logrado.
La marcha contra el femicidio fue como nunca, muy masiva. Marcharon cerca de 3000 a 5000 personas según informó la prensa. Pero aunque esto es positivo, si nos fijamos en la política con que las organizaciones convocaron, nos damos cuenta que el tono no es más que de confianza en Bachelet y por si fuera poco, tuvo rasgos pacifistas, como el hecho de cnvocar a asistir de blanco e incluso aliándose con sectores de la Iglesia. En la Red Chilena Contra la Violencia Doméstica y Sexual, parece caber todo el que se niegue o tenga un discurso contra la violencia, sin distinción de clase, y ni siquiera se discrimina entre organizaciones feministas y conservadoras. En la marcha podíamos ver monjas marchando junto a las feministas, cuando la iglesia es la principal institución patronal que defiende la moral machista, conservadora y el lugar subordinado de la mujer, que está contra el aborto y discrimina a las minorías sexuales. La misma que defiende el modelo neoliberal y capitalista, llamando a un pacto social, a reconciliar lo irreconciliable, los intereses de los trabajadores con los de los empresarios. Entonces cabe preguntarse con qué política actúan las organizaciones políticas feministas que convocan, entre ellas, Memoria Feminista y Feministas Autónomas, ya que la consigna de "¡Ni una mujer menos, ni una muerte más!" o "el machismo mata", no cuestiona nada más que el hecho de que exista violencia contra las mujeres y femicidio, denunciando el problema, pero sin dar una explicación de fondo y dotar de una estrategia que permita enfrentarlo hasta el final. Hay una política de confianza de estas organizaciones, en que sea el gobierno de Bachelet y sus instituciones los que den solución.
Desde clase contra clase y las feministas marxistas, creemos que no podemos acabar con la violencia contra las mujeres y el femicidio si no nos autoorganizamos con una política clasista, sin aliarnos ni confiar en sectores reaccionarios o progresistas de la Concertación y la derecha o cualquier partido patronal, porque defienden este sistema de explotación, miseria y opresión sobre el pueblo pobre y trabajador. Las mujeres estudiantes, mapuches y trabajadoras, debemos levantar una política que enfrente al gobierno, para exigir con movilización, junto a nuestros aliados de la clase trabajadora, reformas discutidas y elaboradas por nosotras mismas, que cuestionen de fondo la sociedad capitalista democrática para ricos, entendiendo que nuestra lucha no termina ahí, porque las raíces de la opresión de la mujer están en directa relación con este sistema que explota y oprime a millones en el mundo.
Las mujeres debemos confiar en nuestras propias fuerzas para cambiar nuestra situación, porque no se trata de apreciaciones subjetivas de la vida de cada una, sino que de situaciones que se repiten en lo fundamental para todas las mujeres y con mayor dureza al interior del pueblo pobre y trabajador. Es necesario que las mujeres luchemos por el derecho a anticonceptivos y aborto: gratuitos, libres y de calidad; posnatal y derechos para las mujeres madres; jardines infantiles gratuitos y de ingreso irrestricto, en los lugares de trabajo y estudio; contra la brecha salarial de 30%, por un salario movible igual a la canasta familiar, de $360.000, por igual trabajo, igual salarios y derechos. Hacemos un llamado a que en los sindicatos, organizaciones de trabajadores y organizaciones de estudiantes, se discutan estos problemas que aquejan a las mujeres, fortaleciendo la lucha de la mujer pobre y trabajadora para que comience a luchar por sus derechos. Este es el feminismo clasista, marxista y militante que levantamos desde clase contra clase y las feministas marxistas.
El movimiento de mujeres por su parte está generalmente desactivado. Aun persiste una confianza en el gobierno de Bachelet, ya que prometió que por ser mujer gobernaría para los oprimidos y mujeres, sin embargo, hemos visto en varias ocasiones, como en los hechos ya nombrados, que se demuestra lo que desde un principio hemos dicho en nuestras páginas, que gobernaría para los empresarios. Se ha demostrado ya con el acuerdo del lucro de la educación que mantiene los pilares de la LOCE, es decir, la educación de mercado heredada de la dictadura o con el abuso del Transantiago. El Consejo de Equidad también se montó sobre las demandas de los trabajadores, anteponiéndose la Iglesia, al llamar a un pacto social para prevenir que los trabajadores tomen sus demandas en sus manos, llevando la discusión al Parlamento preventivamente, allanando el camino para cerrar los procesos huelguísticos, y poder luego, pasar las políticas de precarización con leves reformas con las que no queda nadie conforme.
El gobierno se encargó de tomar la iniciativa respecto al problema del femicidio. Ante los dramáticos casos de mujeres asesinadas impunemente, no podía hacer vista gorda, por lo que tuvo que dar cuenta de la muerte de 62 mujeres asesinadas por sus parejas este 2007, por el hecho de ser mujeres. Cifra que no difiere mucho del año 2006 en que fueron asesinadas 70 mujeres. Es así como el Sernam, continuando la política del 2006, se puso a la cabeza de algunas consignas como "No más violencia contra la mujer" y tomó medidas como la creación de casas de acogida (levantada primero por organizaciones feministas), la tipificación de femicidio como figura legal, frente al funcionamiento de los tribunales de familia, entre otras reformas a las que se les dio urgencia en el Parlamento. Se le ha dado mayor énfasis al problema de la violencia contra la mujer, pero ya lo venían denunciando los grupos feministas. Sin embargo, este problema es inherente a la sociedad de clases, basada en la explotación de miles de trabajadores, la opresión de mujeres, la discriminación de mapuches e inmigrantes. Es por eso, que la solución no se trata de un simple cambio cultural como lo quieren pensar algunos, sino que además, de cuestionar y acabar con las raíces del sistema capitalista. Si bien la situación de la mujer ha cambiado a su favor, no podemos creer que sólo con cambios culturales se pueda acabar hasta el final con la violencia, la discriminación y el abuso contra la mujer. Porque ese cambio cultural, debe ir de la mano de un cuestionamiento de fondo del sistema capitalista y esta democracia para ricos, y debe ser un cambio realizado por las mujeres trabajadoras y pobres, cuestionando y enfrentando a la Concertación, a la derecha y la iglesia, para conquistar reformas que permitan avanzar en nuestras demandas y derechos.
Un estudio presentado por ComunidadMujer, Datavoz y la OIT, deja ver que por ejemplo en Santiago, las trabajadoras que tiene contrato laboral son el 64% del total de mujeres que trabajan, mientras los trabajadores contratados son el 80%. A la vez, el 72% de los trabajadores cotiza, mientras sólo el 55% de las trabajadoras lo hace. Esto muestra en cifras, la desigualdad de género que existe entre trabajadores y trabajadoras en términos laborales, pero para luchar por nuestros derechos y terminar con esta situación, debemos aliarnos con nuestros compañeros de clase. Aunque sea verdad lo que la misma presidenta de ComunidadMujer, Esperanza Cueto dice, al plantear que "los datos que hoy hemos entregado confirman la gran desigualdad de estas mujeres en relación a los hombres y, también, con las mujeres de mayores ingresos", sin embargo, ella propone que pongamos confianza en el Consejo de Equidad, donde sólo hay políticos patronales que deciden a favor de los empresarios, dando concesiones que prevengan que tomemos las luchas por nuestras manos.
Las mujeres pobres y trabajadoras sabemos que la situación de vida de las empresarias, adineradas e incluso profesionales es muy distinta a la que vivimos diariamente. Los sueldos de hambre para sostener una familia, el trabajo precario, la sobrecarga laboral en la casa y el trabajo, la brecha salarial, que llega al 30% respecto del salario de los trabajadores o incluso más. A esto se le suman los problemas que vivimos de doble jornada y las tareas que cargamos por el hecho de ser mujeres, como el trabajo doméstico y las miserias de la sociedad que se viven en los hogares, como el constante peligro de ser agredidas y abusadas. Esta situación como trabajadoras y pobres, no la viven las mujeres adineradas y de posición social privilegiada, a las que representa Bachelet y las mujeres políticas del Parlamento como las de la derecha UDI y RN, porque ellas están para gobernar y legislar a favor de los empresarios, no defienden nuestros derechos de mujeres ni de trabajadoras y posan de "amigas del pueblo" frente al pueblo pobre y trabajador, para poder seguir gobernando a favor de ellos. El problema del aborto es categórico, la derecha y la Iglesia han salido a defender supuestamente la vida, posicionándose no sólo contra el aborto, sino contra la "pastilla del día después" e incluso contra los métodos anticonceptivos usados por años por las mujeres pobres y trabajadoras, que no tienen una mejor opción, como el dispositivo intrauterino T. La Concertación por su parte, posa de izquierda, planteando la "pastilla del día después" como una política progresista, cuando no se encuentra prácticamente en ninguna farmacia y no evita los abortos y embarazos no deseados.
Mientras el aborto es ilegal, miles de abortos se producen al año, unos 160 mil, y esto ocurre porque no hay métodos anticonceptivos de calidad y gratuitos ni educación para las mujeres, mientras hay una serie de razones para no querer o no poder tener un hijo. Pero las mujeres pobres y trabajadoras, que no pueden pagar un aborto seguro como si pueden hacerlo las hijas de empresarios y las adineradas, porque no tienen como éstas últimas los medios económicos para hacerlo, tienen que recurrir a métodos clandestinos para abortar, de muy mala calidad y peligrosos, que deja horribles secuelas, mientras además, otras incluso son condenadas judicialmente o mueren por la infección. Frente a esto, la medida de la Concertación no soluciona la difícil situación de las mujeres que no pueden acceder a un sistema de calidad que les permita optar a anticonceptivos o el derecho a abortar con seguridad. Pues lo que hay es sólo la ilegalidad que privilegia a las que tienen el dinero para pagar estos derechos y terminan la Iglesia y los políticos patronales de la Concertación y la derecha, decidiendo sobre nuestros cuerpos y destinos, mientras quieren hacernos creer que defienden la vida.
En temas valóricos, hay un retroceso, apoyado en la coyuntura reaccionaria, lo cual ha sido aprovechado por la Iglesia y la derecha para hacer campañas contra el aborto. Hace unos meses, se realizó el Concierto contra el Aborto, organizado por "Mirada más Humana", dirigida por la UDI. Es así como unas 3000 personas asistieron a este concierto, en el que para sorpresa de muchos, tocaron bandas como "Inti- Illimani", que se supone que son de izquierda, grupo que después sin asco confirmó su postura anti aborto, una postura conservadora y machista. La Concertación no se opuso y es clara su oposición al aborto, pues ya lo ha dicho antes Bachelet, que las medidas de su gobierno no son abortivas, y sólo sirven para prevenir embarazos sin llegar a los abortos, pero estamos seguros que ni eso se ha logrado.
La marcha contra el femicidio fue como nunca, muy masiva. Marcharon cerca de 3000 a 5000 personas según informó la prensa. Pero aunque esto es positivo, si nos fijamos en la política con que las organizaciones convocaron, nos damos cuenta que el tono no es más que de confianza en Bachelet y por si fuera poco, tuvo rasgos pacifistas, como el hecho de cnvocar a asistir de blanco e incluso aliándose con sectores de la Iglesia. En la Red Chilena Contra la Violencia Doméstica y Sexual, parece caber todo el que se niegue o tenga un discurso contra la violencia, sin distinción de clase, y ni siquiera se discrimina entre organizaciones feministas y conservadoras. En la marcha podíamos ver monjas marchando junto a las feministas, cuando la iglesia es la principal institución patronal que defiende la moral machista, conservadora y el lugar subordinado de la mujer, que está contra el aborto y discrimina a las minorías sexuales. La misma que defiende el modelo neoliberal y capitalista, llamando a un pacto social, a reconciliar lo irreconciliable, los intereses de los trabajadores con los de los empresarios. Entonces cabe preguntarse con qué política actúan las organizaciones políticas feministas que convocan, entre ellas, Memoria Feminista y Feministas Autónomas, ya que la consigna de "¡Ni una mujer menos, ni una muerte más!" o "el machismo mata", no cuestiona nada más que el hecho de que exista violencia contra las mujeres y femicidio, denunciando el problema, pero sin dar una explicación de fondo y dotar de una estrategia que permita enfrentarlo hasta el final. Hay una política de confianza de estas organizaciones, en que sea el gobierno de Bachelet y sus instituciones los que den solución.
Desde clase contra clase y las feministas marxistas, creemos que no podemos acabar con la violencia contra las mujeres y el femicidio si no nos autoorganizamos con una política clasista, sin aliarnos ni confiar en sectores reaccionarios o progresistas de la Concertación y la derecha o cualquier partido patronal, porque defienden este sistema de explotación, miseria y opresión sobre el pueblo pobre y trabajador. Las mujeres estudiantes, mapuches y trabajadoras, debemos levantar una política que enfrente al gobierno, para exigir con movilización, junto a nuestros aliados de la clase trabajadora, reformas discutidas y elaboradas por nosotras mismas, que cuestionen de fondo la sociedad capitalista democrática para ricos, entendiendo que nuestra lucha no termina ahí, porque las raíces de la opresión de la mujer están en directa relación con este sistema que explota y oprime a millones en el mundo.
Las mujeres debemos confiar en nuestras propias fuerzas para cambiar nuestra situación, porque no se trata de apreciaciones subjetivas de la vida de cada una, sino que de situaciones que se repiten en lo fundamental para todas las mujeres y con mayor dureza al interior del pueblo pobre y trabajador. Es necesario que las mujeres luchemos por el derecho a anticonceptivos y aborto: gratuitos, libres y de calidad; posnatal y derechos para las mujeres madres; jardines infantiles gratuitos y de ingreso irrestricto, en los lugares de trabajo y estudio; contra la brecha salarial de 30%, por un salario movible igual a la canasta familiar, de $360.000, por igual trabajo, igual salarios y derechos. Hacemos un llamado a que en los sindicatos, organizaciones de trabajadores y organizaciones de estudiantes, se discutan estos problemas que aquejan a las mujeres, fortaleciendo la lucha de la mujer pobre y trabajadora para que comience a luchar por sus derechos. Este es el feminismo clasista, marxista y militante que levantamos desde clase contra clase y las feministas marxistas.
Porque el genero nos une, pero la clase nos divide:
¡A igual trabajo, iguales salarios y derechos!
¡Por el derecho a anticonceptivos y aborto: libres, gratuitos y de calidad!
¡Por jardines infantiles gratuitos!
¡Basta de violencia contra la mujer!
¡Basta de trabajo precario. No a la subcontratación. Trabajo estable para todos!
¡Por un salario mínimo movible de $360.000!
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