El fallo del tribunal constitucional se hace realidad

El fallo del tribunal constitucional se hace realidad: las trabajadoras y pobres no podemos decidir cuando usar la pastilla del día después

17 de Agosto de 2008

Género y Clase - Clase contra clase

El tema de la pastilla del día después parecía olvidado y su discusión se ha mantenido casi en el anonimato. Sólo en la prensa podemos leer, que recientemente el gobierno ha adoptado el fallo del tribunal constitucional a través del ministerio de salud, es decir: que la píldora no puede repartirse libremente como una política pública.

Es así como el gobierno ha determinado impedir el libre reparto de la pastilla del día después a las mujeres que la requieran, entregándola en el sistema público de salud sólo a aquellas que han sido violadas. Esto no es más que la aplicación del autoritario y retrógrado fallo del tribunal constitucional, que ha terminado por hacerse realidad, dejando a la voluntad de los municipios la entrega de la pastilla.

Pero no todo es tan simple como para la ministra de salud Soledad Barría. En la prensa declaró que "puede ser solicitada en los municipios donde cada alcalde decidirá si la reparte o no la reparte" (La Nación, 31/07/08). Es decir, se deja al criterio de quien esté de alcalde, de su inclinación ideológica, para poder tener acceso a ella o no en las farmacias del municipio. Como si fuera poco ya el alto costo de la pastilla, que varía entre los $5000 y $9000. Todo queda en manos del alcalde, dada la autonomía de los municipios frente al gobierno central, pero a la ministra le parece ya lógico que sólo algunas mujeres puedan comprarla, porque sabemos que el fallo no ha beneficiado a nadie, pero si ha perjudicado sobretodo a las que menos dinero tienen para gastar en ella, las pobres y trabajadoras, que no tenemos más opción si no hay dinero para comprarla que la resignación al embarazo no deseado o al aborto clandestino con riesgo de morir o ir a la cárcel.

La ministra recalca también que "no existe ningún pie atrás, nosotros como Gobierno somos cuidadosos en cumplir la normativa. El Tribunal Constitucional nos ha indicado que no podemos hacer nosotros una política pública para repartir la píldora tal como estaba establecido y lo que hemos hecho es aplicar esto en nuestros establecimientos"(La Nación, 31/07/08). El pie atrás, creemos que es claro, pero nada nuevo en este gobierno de la concertación, que no toca un pelo de la constitución que establece normas tan rígidas para ser defendidas por la derecha en el fallo del tribunal constitucional, institución que además tiene todo el peso para retroceder así la política de salud, precaria por lo demás, del gobierno de la concertación. La salud pública ha sido privatizada todos estos años, profundizándose la obra de la dictadura de desmantelar los servicios básicos, lo que golpea más a los que usan el sistema de salud pública: las trabajadoras, trabajadores y el pueblo pobre.

Es en este escenario, al que se suma la poca disponibilidad de la píldora del día después en el país dado el bajo stock de ésta en muchas farmacias del país, en que algunos políticos de la concertación y la derecha han intentado dar soluciones parches, ya sea tomando decisiones como desde la asociación de municipalidades para dar acceso a la venta de la píldora o generar una licitación internacional si se acaba en el país, o presentando un nuevo proyecto de ley marco sobre salud y derechos sexuales y reproductivos que entró el pasado 1º de julio al parlamento. Una y otra política que no termina de dar solución final a la simple disposición de una píldora que ni siquiera es abortiva y menos pretende ser gratuita. Nada podemos esperar del parlamento donde está la derecha que arremete contra los pocos derechos y demandas conquistadas en lucha por las mujeres el siglo pasado, que niega el acceso a los métodos anticonceptivos básicos para las mujeres trabajadoras y pobres, cuando las ricas pueden pagar no sólo estos métodos y pastillas, sino que incluso abortos clandestinos en clínicas privadas cuando lo requieren. La concertación por su parte tampoco puede dar una solución si ni siquiera toca la constitución y apenas lleva adelante una política de salud tan precaria como una pastilla no gratuita a la que se tiene acceso difícilmente.

No basta con la pastilla del día después para terminar con el aborto clandestino, es necesario que las mujeres luchemos y nos apoyemos en los organismos de los estudiantes y la juventud que salimos a manifestarnos en la marcha contra el fallo del TC, como es indispensable una alianza con los organismos de los trabajadores y trabajadoras, para dar una respuesta al problema. Es innegable que en la clase trabajadora el tema es más sentido donde no hay recursos para mantener a un hijo con los salarios de hambre, y donde las mujeres, como las pobres están expuestas a la mayor precarización, teniendo como único recurso el peligroso aborto clandestino. Desde clase contra clase y las armas de la crítica creemos necesario luchar no sólo por tener acceso gratuito a todo método anticonceptivo, sino que además que sea libre su uso, de calidad, luchando además por el aborto legal y gratuito para que el acceso sea para todas las mujeres que lo requieran.